La Xunta de Galicia ha recibido un revés judicial significativo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), que le ha denegado la autorización para llevar a cabo batidas de lobos en municipios de Pontevedra y A Coruña. La administración autonómica había solicitado estas acciones con el objetivo de controlar un supuesto incremento en los ataques de lobos al ganado. Sin embargo, el alto tribunal ha dictaminado que no existen pruebas técnicas suficientes que justifiquen tal aumento, invalidando así el argumento central de la Xunta.
Esta decisión del TSXG, fechada el 6 de marzo, se produce después de que la Xunta modificara su normativa de caza en abril del año pasado, incluyendo al lobo entre las especies cuya caza podía ser autorizada tras "daños constatados", con la excepción de los meses de abril, mayo y junio. El tribunal concluye que no se han demostrado cambios en las circunstancias que justifiquen modificar las medidas cautelares ya existentes, y destaca la falta de referencias técnicas contrastadas sobre un incremento poblacional del lobo. Además, el TSXG enfatiza que las batidas tendrían "consecuencias letales evidentes" para la especie, sin un análisis previo adecuado que el propio plan de gestión del lobo exige.
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia reafirma la importancia de la conservación del lobo y la necesidad de implementar medidas que protejan tanto a la ganadería como la integridad de las personas, siempre que estas sean compatibles con la preservación de la especie amenazada y el desarrollo sostenible del ecosistema. La resolución señala que no se han agotado todas las medidas preventivas necesarias para mitigar los daños alegados, y advierte sobre el posible "grave daño al ecosistema" que podría resultar de la extracción indiscriminada de ejemplares. Esta resolución, aunque no es firme y puede ser recurrida, se alinea con sentencias previas del Tribunal Supremo que buscan poner fin a la caza de lobos sin justificación suficiente, garantizando la protección de esta especie clave para la biodiversidad.
La convivencia armoniosa entre la fauna silvestre y las actividades humanas es un ideal alcanzable cuando se prioriza la evidencia científica y la sostenibilidad. Esta decisión judicial nos recuerda la responsabilidad colectiva de proteger la biodiversidad y buscar soluciones innovadoras que permitan el equilibrio ecológico, promoviendo el respeto por todas las formas de vida y asegurando un futuro donde la coexistencia sea posible y beneficiosa para todos.