El máximo tribunal judicial de España ha emitido una resolución crucial que restringe la eliminación de lobos. Esta acción solo podrá llevarse a cabo cuando sea la única alternativa viable para salvaguardar la cabaña. La sentencia destaca la importancia de considerar primero otras estrategias para prevenir ataques a los animales de granja, antes de recurrir a la caza de ejemplares de esta especie protegida. Este fallo enfatiza el estricto marco legal que ampara al lobo ibérico, el cual goza del más alto nivel de resguardo en la legislación española.
El pasado 12 de febrero, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ratificó la decisión previa del Tribunal Superior de Cantabria. Dicha sentencia había invalidado las autorizaciones emitidas por el gobierno regional de Cantabria para la "extracción" de lobos. Estas autorizaciones se habían concedido bajo el pretexto de que los animales causaban perjuicios al ganado en la comunidad autónoma. La resolución del Supremo subraya que, aunque las comunidades autónomas poseen competencias para la gestión de la especie, cualquier medida que implique la muerte de lobos debe cumplir con condiciones rigurosas establecidas por la normativa vigente y guiarse por las directrices de la Unión Europea en cuanto a la Directiva Hábitats.
Además, el tribunal especificó que la decisión de cazar un número determinado de lobos debe estar respaldada por una verificación del "buen estado de conservación de la especie". Esto implica que no basta con observar un aumento poblacional en áreas específicas; se requiere un análisis más amplio debido a la extensa movilidad de estos animales. La sentencia concluye que la eliminación de ejemplares debe ser "selectiva" y no puede aplicarse de manera indiscriminada a un grupo sin una justificación precisa. Esto refuerza la idea de que la caza debe ser siempre una medida excepcional y controlada, priorizando la conservación del lobo.
Este veredicto representa un paso significativo en la protección del lobo ibérico en España. Al exigir la evaluación de "medidas alternativas" antes de autorizar la caza, el Tribunal Supremo promueve un enfoque más equilibrado y sostenible para gestionar la coexistencia entre la vida silvestre y las actividades ganaderas, reafirmando el estatus de especie especialmente protegida.